El Ayuntamiento de Madrid amenaza de desahucio a 250 vecinos en Malasaña en plena pandemia
210 adultos y 40 menores podrían quedarse en la calle el próximo martes 24 de noviembre en un desahucio ilegal promovido por el Ejecutivo de Almeida en plena crisis sanitaria por Covid19, tal y como denuncian los afectados.
Según relatan en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid pretende echar a los habitantes del antiguo Palacio de la Infanta Carlota sin autorización judicial, con los recursos de los vecinos sin resolver y vulnerando la legislación española, la internacional y los derechos humanos que protegen la inviolabilidad del domicilio y el derecho a una vivienda.
La intención del Consistorio es recuperar el edificio y ejecutar el desahucio sin haber promovido soluciones habitacionales para las familias vulnerables que allí viven, muchas de las cuales son víctimas de la economía irregular y del desempleo provocado por la pandemia.
Explican que los servicios sociales han ofrecido verbalmente habitaciones o pisos compartidos hasta un máximo tres meses, pero ninguna propuesta ha sido formal o por escrito, a pesar de que las familias así lo han pedido.
UN CASO DE ESPECULACIÓN y DESAHUCIO ILEGAL
Jordi Gordon, de SOS Malasaña, denuncia que este caso deriva de la especulación inmobiliaria que convirtió el antiguo Palacio de la Infanta Carlota en 35 apartamentos por parte de la empresa iraní Cintia. Una reforma que se llevó a cabo en la era Gallardón, y que resultó en un atentado al patrimonio histórico artístico, según denuncian en el comunicado remitido por las y los vecinos afectados.
Los inquilinos pagaban el alquiler en efectivo, hasta que en 2011 llegó la expropiación municipal. Cintia fue indemnizada con 10 millones de euros. Después de nueve años de dejación y abandono municipal, ahora, en plena segunda ola de la Covid19, el Consistorio quiere recuperar el edificio y dejar en la calle a 40 niños y 210 adultos.
“Entendemos que estamos ante una clara ilegalidad, no hay autorización judicial”, explica Raúl Maillo, abogado de algunas de las familias afectadas.
“El Ayuntamiento está intentando llevar a cabo un desahucio sin respetar los derechos humanos y la legislación tanto nacional e internacional que considera el derecho a la vivienda un derechos fundamental”, apunta Gordon.