Colectivos en defensa de la vivienda piden al ministro Ábalos el fin de los desahucios en pandemia
La PAH, Sindicatos de Inquilinas y otros colectivos que luchan por el derecho a una vivienda digna y a unos suministros básicos han dado una rueda de prensa este miércoles ante el Congreso de los Diputados para pedir una moratoria de todos los desahucios mientras dure la crisis sanitaria.
En la campaña comunicativa lanzada estos días se dirigen directamente al ministro socialista José Luis Ábalos, máximo responsable de vivienda en el Gobierno, que hace una semana se mostró sorprendido por el desahucio de Adoración y su familia, ejecutado por la SAREB en Carabanchel.
De hecho, en el Decreto aprobado por el Gobierno en septiembre que prorrogaba las protecciones ante la crisis sanitaria, se suprimió la moratoria de las hipotecas y la prohibición de los cortes de suministros básicos.
Desde los colectivos han denunciado que cada día se producen una media de 250 desalojos en todo el Estado. Son 250 familias que ven vulnerado el derecho a la vivienda y que en la situación de emergencia por Covid9, supone además un riesgo para la salud pública.
EN PANDEMIA SÍ HAY DESAHUCIOS
Junto a los portavoces de los colectivos, se han concentrado personas y familias que efectivamente han sido desahuciadas estos meses o que tienen fijada una fecha próxima de lanzamiento. Es el caso de Georgina, vecina de Arganda del Rey, y de Mayte, que vive con su madre de 82 años y sus 2 hijas en Fuenlabrada.
Georgina y su hijo de 11 años fueron desahuciados hace casi 2 meses, en plena pandemia, de un piso situado en Arganda, tras 7 años pagando el alquiler. Se trataba de una de las viviendas públicas del Plan Joven de la Comunidad de Madrid en la era de Esperanza Aguirre, que con la crisis acabó primero en la SAREB y luego en manos de un fondo buitre, con una consiguiente subida de alquileres imposible de asumir por Georgina, celadora en el Hospital de La Paz.
Tras el desahucio, y ante la falta de alternativas habitacionales dignas (se le ofreció un albergue para ella y un centro de menores para su hijo), Georgina inició una acampada ante la plaza del Ayuntamiento de Arganda que ha mantenido 37 días. Se encuentra en estos momentos alojada en un hotel a espera de reunirse el 9 de noviembre con el consistorio de la ciudad y buscar una solución, un alquiler ajustado a sus ingresos. En caso contrario, nos dice que retomará la acampada “por toda la gente mileurista que no se puede permitirse un alquiler con lo que está ganando”.
El caso de Mayte es igual de sangrante. Esta vecina de Fuenlabrada solo consiguió que se paralizase su desahucio el pasado 30 de octubre gracias al apoyo de vecinas y de la PAH de Fuenlabrada. Hace unos años abrió un negocio con un préstamo y lo avaló con el piso de su madre. Lamentablemente, el negocio no prosperó y su casa fue subastada al fondo buitre Mustus Finance, que ahora quiere dejar en la calle a Mayte, a su madre de 82 años y a sus dos hijas. Mayte es además víctima de violencia de género.
Pese a que su lucha y el apoyo popular paró in extremis el lanzamiento, la afectada denuncia que aún no ha conseguido ninguna solución habitacional para evitar una nueva fecha. Nos cuenta que está buscando un alquiler que pueda pagar con sus ingresos, pero que le resulta imposible por las elevadas rentas en Fuenlabrada.